El mito del aborto legal en Yucatán
Hace diez años Evenia, una mujer maya, originaria del municipio de Tixmehuac, Yucatán, fue acusada de homicidio en razón de parentesco a raíz de un aborto espontáneo, siendo condenada a 12 años y seis meses de prisión, y el pago de una multa de 154 mil pesos.
¿Cómo pasas de ser una mujer libre a una mujer juzgada como criminal por un aborto?, se preguntan las periodistas Lilia Balam y Katia Rejon.
En Yucatán, la lucha por la despenalización del aborto sigue siendo invisible, pues la Ley aún contempla una serie de obstáculos para poder abortar de manera legal y segura. Pero “el desconocimiento de las normas obstaculiza el acceso de las mujeres al derecho de abortar si fue violada, si su vida o la del producto corren peligro o si vive en condiciones de pobreza”, pues “según el mito”, el aborto está penalizado totalmente en el estado.
Las periodistas Katia Rejón Márquez y su compañera también periodista, Lilia Balam Magaña, documentaron un trabajo sobre el tema de la maternidad forzada en la entidad a principio de este año.
El trabajo, que vio la luz bajo el nombre de “Maternidad Forzada: el mito del aborto legal en Yucatán”, las llevó a encontrar casos que van más allá de la maternidad forzada, e incluso de mujeres que han sido objeto de castigos penales por haber abortado, aun cuando se trató de un aborto no inducido.
Evelia no sabía que estaba embarazada y fue condenada a 12 años de cárcel
El caso más emblemático es el de Evelia, quien el 18 de julio del 2009, en su casa de Tixmehuac, se desmayó en tres ocasiones, según narra la entrevista hecha por Lilia desde el penal donde estaba recluida cumpliendo su condena.
Cuando retomó la conciencia, su mamá le contó que se cayó boca abajo y “salió un bebé”, por lo que solicitaron al amigo de uno de sus hermanos que las trasladara al Hospital Comunitario de Peto con todo y el producto.
Del Hospital fue al Ministerio Público y de ahí al Centro de Reinserción Social de Tekax, porque fue denunciada por el personal del Hospital por haber abortado, y al ser maya hablante nunca tuvo un traductor en su juicio.
De acuerdo con Katia, hay un informe llamado “Maternidad o castigo”, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el cual establece que muchos casos como el de Evelia, ocurren debido a las leyes que protegen la vida desde la concepción.
Eso fomenta la desinformación y prejuicios que permean del personal de los servicios de salud pública, así como las acciones de policías, ministerios públicos y jueces. Además, aún se estigmatiza a las mujeres y se imponen castigos “ejemplares” para quienes abortan, generando temor y desinformación entre las mismas.
Pero la ley es clara y en los casos de violación, riesgo para la vida y pobreza, el aborto está despenalizado y se debe de apoyar a la mujer.
Ese desconocimiento de las normas obstaculiza el acceso de las mujeres al derecho de abortar si fue violada, si su vida o la del producto corren peligro, o si vive en condiciones de pobreza, precisó la entrevistada.
Marta fue violada y le negaron un aborto legal
El reportaje de las periodistas también documenta el caso de Marta, una yucateca que, a los 31 años, un hombre de su misma comunidad la violó, en el municipio de Temozón.
La mujer, quien había sido diagnosticada con epilepsia y esquizofrenia, intentó suicidarse dos veces cuando supo que estaba embarazada.
Con seis semanas y media de gestación acudió al Hospital O´Horán de esta ciudad para realizarse un aborto legal, pero le dijeron que sólo podían hacerlo si un juez lo autorizaba.
Es decir, le negaron el servicio pese a que la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 indica que el personal médico tiene la obligación de interrumpir el embarazo en víctimas de violación que así lo deseen.
Apoyada por organismos civiles, y la abogada Amelia Ojeda Sosa, y con fundamento en el Código Penal estatal, en la Ley General de Victimas y en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Medica, finalmente la Secretaría de Salud realizó el procedimiento a principios de julio de 2015.
Hoy ya no es necesario que un juez de una orden para que la mujer reciba ese procedimiento sin ser penalizada, pero para Katia, las cosas no han cambiado mucho, y sigue prevaleciendo el prejuicio, la desinformación o las opiniones personales sobre el derecho al aborto legal en esta entidad.