El derecho fundamental a interrumpir el embarazo
Por: Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la SCJN
El aborto es un drama que viven niñas, adolescentes y mujeres de todos los estratos sociales y que las enfrenta a circunstancias personales, emocionales y sociales de la mayor complejidad. Las razones que llevan a una mujer a abortar, las condiciones de insalubridad y clandestinidad en que algunas se ven forzadas a hacerlo, las secuelas en su salud física y mental, la criminalización de la que son objeto, o en su caso, la obligación de llevar a término un embarazo no deseado, producen un dolor humano inimaginable, sobre todo para las mujeres que viven en condiciones de marginación económica y social, para quienes es más difícil el acceso a abortos seguros, además de que son más vulnerables a la actuación insensible de las instituciones públicas y al poder punitivo del Estado. A la luz de esta realidad, es claro que la discusión sobre el aborto no puede verse como un debate entre quienes están a favor de la vida y en contra de ella. Todos estamos a favor de la vida; la pregunta es si constitucionalmente es permisible criminalizar a la mujer que aborta, sin tener en cuenta las circunstancias que la orillan a hacerlo y sin ponderar los derechos e intereses en juego.
Así, debemos partir de reconocer que el no nacido tiene un valor intrínseco muy importante y que el Estado tiene un interés fundamental en su preservación y desarrollo, no porque el embrión sea titular de derechos humanos, sino por el potencial que tiene de nacer, de manera que la protección jurídica que se le otorga es incremental en el tiempo, es decir que aumenta progresivamente a lo largo del periodo de gestación, desde que es un cigoto hasta que se convierte en un bebé perfectamente desarrollado. A medida que aumenta progresivamente la capacidad del organismo para sentir dolor, experimentar placer, reaccionar a su entorno, y sobrevivir fuera del vientre materno, aumenta también su viabilidad para ser persona y con ello, el valor que el Estado puede asignarle como objeto de tutela.
Frente a ese interés progresivo deben considerarse, a su vez, los derechos humanos de las mujeres, cimentados en la idea de su dignidad como personas, concretamente los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, así como a la igualdad y no discriminación, todos los cuales se ven afectados cuando el Estado interfiere en la decisión de la mujer de practicarse un aborto. Como he sostenido cada vez que me he enfrentado jurisdiccionalmente a este tema, estoy convencido de que para respetar tales derechos de las mujeres es necesario que se permita el aborto legal y seguro: (i) cuando se encuentra en riesgo la salud de la mujer, (ii) cuando el embarazo se haya concebido en contra de su voluntad, (iii) cuando el feto no sea viable, y (iv) cuando existan razones distintas a las enunciadas, pero que pertenezcan exclusivamente al fuero interno de la mujer embarazada, caso en el cual debe permitirse el aborto en las primeras etapas de la gestación, quedando en manos del legislador establecer ese periodo con base en la mejor información científica disponible y en las políticas de salud pertinentes.
El aborto es una de las decisiones más personales e íntimas que puede tomar una mujer. Sólo la mujer embarazada puede discernir la trascendencia de ser madre y las razones por las que prefiere tomar la difícil decisión de abortar. Es un dilema que corresponde a su fuero más íntimo, en tanto sólo ella conoce el peso de cada uno de los motivos personales, médicos, económicos, familiares y sociales, que la orillan a interrumpir el embarazo. Se trata de una decisión que debería tomarse sin la presión de las concepciones sociales que obligan a las mujeres a satisfacer un rol de género y a cumplir con el destino de ser madres. Esto no supone el desconocimiento de ninguna concepción religiosa.
No impone creencias o valores, ni obliga a nadie a actuar en contra de las que le sean propias. Sólo implica el reconocimiento de que condenar a una mujer a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud o su vida, es despreciar su valor como persona. Estar a favor de la vida es respetar la dignidad y la libertad de las mujeres; estar a favor de la vida es no verlas como un medio, sino como un fin.