Anticoncepción forzada: Las mujeres que llevan el DIU sin saberlo
A las mujeres indígenas se les aplica la anticoncepción forzada con la idea de que “si los pobres dejan de reproducirse, el país saldrá más fácil de la pobreza”, así lo expresa la abogada Martha Figueroa Mier, quien asegura que el cuerpo de las mujeres se utiliza como objeto de política pública.
En 2018, en las comunidades indígenas de Guerrero se localizaron, al menos, 30 casos de mujeres a las que se les colocó un dispositivo intrauterino sin su conocimiento. En la mayoría de los casos no se sabe exactamente cuándo se los colocaron.
Un reportaje de AJ Plus Español, documentó la historia de estas mujeres víctimas de la anticoncepción forzada en Guerrero.
“No me dijeron nada. Nomas me dijeron ´me tiene que firmar aquí y así´ y yo como tenía el dolor bien fuerte agarré la hoja y firmé, como siempre firmamos cualquier hoja del registro del hospital”, dice Silvia Camacho, a quien le colocaron un dispositivo haciéndola firmar una hoja sin saber qué era.
“Cuando me iban a dar de alta me dieron la hoja. Llegó una enfermera y me dijo que me viniera a revisar a los 40 días, acá, en el centro de salud porque tenía un dispositivo”.
A Silvia le pusieron el DIU en 2010, cuando se alivió de su primer bebé. Sin embargo, no tuvo conocimiento de esto hasta después.
La investigadora del CIESAS, Lina Berrio explica que, el que a la mujer se le coloque un dispositivo intrauterino es una práctica ilegal porque no está en la norma oficial mexicana. No está en los protocolos de atención, pero está en la práctica no oficial de los profesionales que todo saben y que tienen que cumplir con metas de anticoncepción postevento obstétrico.
A muchas mujeres, como a Silvia, se les coloca el dispositivo cuando no tienen la posibilidad de tomar la decisión, porque están muy adoloridas o están en trabajo de parto, o no saben leer y les piden firmas.
“A mí me hicieron cesárea y a los tres días llegó la muchacha. Me decía que me iba a poner el DIU y yo le decía que no. Ella le decía a mi esposo: ´Miré, es por el bien de ella, porque no se sabe controlar”, dice Elizabeth, otra de las víctimas guerrerenses.
La mujer indígena se estigmatiza por el hecho de procrear más hijos según sus creencias, pero la realidad es que son discriminadas porque son la población más problemática para las autoridades: indígenas, pobres y marginados.
Es un abuso de autoridad, dice la abogada Martha Figueroa, quien afirma que se trata de violencia obstétrica y es un delito que causa lesiones. “Estamos hablando prácticamente de prácticas genocidas porque estamos hablando de un grupo específico”, explica.
En el sexenio pasado, se instauró el programa social PROSPERA con el fin de contribuir y fortalecer los derechos sociales de las personas en situación de pobreza. Sin embargo, estas mujeres eran condicionadas al apoyo del programa a cambio de que aceptaran hacer una “planificación familiar”, en otras palabras, las obligaban a colocarse un dispositivo intrauterino para ser parte de estos programas sociales.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) asegura que es necesario que se reconozca este tipo de violencia contra las mujeres. Se habla ya de esterilización forzada contra las mujeres indígenas, presas, o con alguna discapacidad física o mental, pero los casos de anticoncepción forzada son igualmente graves porque también se violan los derechos humanos de las mujeres que la padecen.
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